Ellas y nosotras: COVID-19, feminismo y la privación de la libertad

Por Manuela M. Besada-Lombana 

Para ser honesta, hasta el 2019 jamás me había preguntado por las prisiones. Fue gracias a mi corto trabajo en la Escuela de Justicia Comunitaria y mi tesis de maestría realizada en el último año, que he estado en cercano contacto con la crítica radical al sistema penal. 

Las experiencias y testimonios que he recogido a lo largo de año y medio me han dado una pequeña, pero significativa, muestra de cómo se ve nuestro país a pequeña escala en las cárceles y como estas no parecen ser más que una expresión aguda de nuestro mundo social, político y cultural. No parece haber nada en el mundo de las prisiones con lo cual no coexistamos en el mundo libre de formas más sutiles. Toda expresión de crueldad o desigualdad, toda expresión de solidaridad o bondad, se manifiesta de forma más nítida en las vidas de las personas en prisión. 

No me gusta la palabra privilegio para hablar de garantías, pero, sin duda alguna, existen pequeñas certezas de las que algunos y algunas gozamos, que damos por sentadas y asumimos universales, aunque no lo son. Entre esas “garantías” está la de la libertad de movilidad, la posibilidad de cruzar fronteras internacionales o locales, de cruzar el umbral de nuestro hogar, de abandonar nuestras casas a la hora que queramos, de atravesar la ciudad para abrazar a un ser amado, ir al supermercado a consumir alimentos que disfrutamos, dormir en nuestras camas, habitar hogares cálidos, gozar de intimidad, acceder a agua corriente día a día, vivir sin ser hipervigiladas. Por supuesto, esas garantías están mediadas por diversos aspectos que atañen a la suerte de haber nacido y crecido en determinados sectores de la sociedad. 

El contexto de la pandemia, sobre todo en sus inicios, ha sido tal vez la experiencia común, colectiva y global que más se ha asemejado a la privación de la libertad. Y, aunque son tantas las dificultades exacerbadas por el COVID-19 en el mundo libre como en la prisión, son formas de aislamiento terriblemente diferentes. La restricción de nuestra libertad se gestó desde una suerte de garantías de seguridad al ciudadano mientras que en el mundo de la prisión el aislamiento tiene la intención contraria: separarnos (a quienes no hemos sido procesadas por delitos) de aquellas personas que representan “un peligro” para la ciudadanía. 

Entonces, ¿qué decir frente al COVID-19 y las prisiones de mujeres? 

Resulta fácil señalarlo: toda violencia, toda precondición a la discriminación o explotación basada en género que vivamos como mujeres en el mundo libre se ve agudizada en prisión. Si las mujeres somos castigadas y nuestro comportamiento es regulado y vigilado de forma diferencial en el mundo fuera de prisión, tras los muros esto se profundiza a niveles que atentan contra la dignidad humana, contra la vida y la salud de las mujeres.

Quizás sea en el carácter retributivo (la idea de que existe un medida cuantificable en la pena que compensa el crimen cometido) de la cárcel contemporánea donde peor se expresan las implicaciones del virus. Hemos alimentado de forma histórica la idea de que las personas que se encuentran privadas de la libertad tienen una deuda que solo podrán saldar siendo despojadas de sí mismas, siendo receptoras de extrema crueldad, llevando una existencia precaria, en lugares que para el mundo libre resultarían inhabitables, o, cuando menos, indignos. Las prisiones, esos espacios al margen de nuestra mirada crítica en muchas ocasiones, no solamente recluyen a hombres y mujeres provenientes de contextos ya marginalizados, sino que además tienen una capacidad punitiva que se extiende a lo largo y ancho de sus familias y seres queridos. Es decir, la cárcel genera no solamente el desprecio a la vida de quienes son considerados y consideradas peligrosas, sino que además toca las vidas de madres, hijas e hijos, esposas y esposos, compañeros y amantes que deben defenderse en la precariedad para responder por sus seres queridos privados de la libertad.  Así, esa “deuda” de las personas privadas de la libertad se extiende a comunidades enteras, generando y reproduciendo ciclos de pobreza y exclusión. Esto que señalo aquí lo hago con la calculada intención de exponer la magnitud de la incidencia que puede tener una pandemia en las vidas de una población dependiente de las instituciones carcelarias, incapaces de regular la normatividad social y responsables de generar una falsa sensación de justicia, seguridad y garantismo. 

Las personas en prisión viven al margen del debate político, incluso en sectores progresistas, feministas y de izquierda. Ya sea por omisión o desconocimiento, por prejuicio o falta de interés; existe una preocupación aún reducida sobre la prisión, su lugar y efectos sobre la sociedad colombiana. Las feministas en Colombia hemos empezado a hablar de prisiones desde hace muy poco, los reclamos que dirigimos a la justicia suelen estar mediados por la tensión de una contradicción aparentemente irreconciliable: los delitos perpetrados en nuestra contra suelen ser castigados con ligereza, mientras que aquellos delitos cometidos por nosotras se castigan con severidad. La justicia es, entonces, uno de los terrenos de disputa más complejos y centrales de los feminismos. 

La disputa en este terreno, el de la justicia, no solamente está en reconocer la manera en la cual opera la prisión como un aparato generizado (o sujeto a dinámicas propias del patriarcado), sino que además se delibera sobre aquello que es tipificado como delito y aquello que condenamos en la norma social (por ejemplo las mujeres indóciles o desobedientes, aquellas que rompen con el contrato de género). De acuerdo con Margaret Malloch, la cárcel no es solamente una subestructura del patriarcado, aporofóbica y racista, que reproduce todas las formas de discriminación a las mujeres y hombres empobrecidos, sino que también lo es la ley, y, más allá de la ley, lo es la norma social. En consecuencia, las formas en las que se materializa el castigo en el caso de las mujeres adquiere una dimensión mayor, porque no solamente es disciplinada en tanto “criminal” sino en tanto “mala mujer”. Otras autoras como Segato o Davis coinciden en que la cárcel es un aparato cimentado en formas históricas de represión y castigo experimentados en las mujeres. Por tanto, por su naturaleza es inherente las luchas feministas y debemos fijar nuestra solidaridad, esfuerzos políticos y preguntas éticas entorno a las prisiones como temática urgente para los feminismos. 

Los hechos

El COVID-19 ha puesto el tema carcelario sobre el debate público de forma casi globalizada. Las cárceles, a nivel mundial, se convirtieron en el nido perfecto para la propagación del virus permitiéndonos ver la vulnerabili­­­dad de la población carcelaria y dejando al descubierto a las cárceles como un modelo de justicia basado en la exclusión, la marginalización y la condena multidimensional. 

Sin embargo, el caso de Colombia brilla por su extrema crueldad. Durante la actual crisis del COVID- 19 se ha perpetrado una masacre histórica contra la población carcelaria. Según el diario El Tiempo, para el 20 de junio del 2020 ya se habían registrado 1.746 casos de contagios en tres establecimientos nacionales. En algún momento de la pandemia, la cárcel de Villavicencio llegó a ocupar el 7,3% de los contagios nacionales y, de acuerdo con INFOBAE, para el 10 de octubre había cerca de 1.194 casos activos en la población privada de la libertad. Las causas del problema resultan obvias: hacinamiento carcelario, malas condiciones de salubridad, falta de cuidado y utensilios de protección para el personal, entre muchos otros factores. Y, como consecuencia de la masacre, de los motines y protestas de las PPL (Personas Privadas de la Libertad) y sus seres queridos, el estado decretó el Estado de Emergencia en las cárceles de Colombia. Dicho decreto tenía entre muchos, el objetivo de liberar de forma masiva a PPL bajo ciertos criterios. Sin embargo, el decreto llegó tarde para la población carcelaria, no tuvo la efectividad que prometía y gestó el caldo de cultivo perfecto para que hubiera levantamientos masivos por parte de la población privada de la libertad que, después de décadas de indignación acumulada, terminó siendo la víctima de una masacre perpetrada por las autoridades el 21 de marzo del 2020 en la cárcel La Modelo de Bogotá. Hubo más de 100 personas heridas y 24 asesinadas a manos de la fuerza pública ese día. 

Para esa fecha las protestas se habían extendido a las cárceles de todo el país, incluyendo cárceles distritales y complejos penitenciarios. Pero lejos de entender los reclamos que hacían las personas privadas de la libertad, la Policía Nacional y Agentes del INPEC actuaron con abuso de la fuerza. Aunque se registraron hechos de violencia y abuso de la fuerza por parte de las autoridades penitenciarias en múltiples cárceles del país, la peor barbarie fue sin duda la de cometida en la Cárcel La Modelo. Los informes criminológicos señalan que los asesinados y heridos en dicha masacre fueron dados de baja con armas de fuego y que la mayoría de las heridas de bala se registraron en la cabeza y espalda, evidenciando que fueron disparos hechos con intencionalidad y no en defensa propia como se argumentó desde las instituciones públicas involucradas en el hecho. 

La falta de atención a las prisiones, la presunción de culpabilidad que asumimos quienes vivimos en libertad, así como nuestros deseos y nociones de justicia basados en el punitivismo, hicieron de la masacre perpetrada en La Modelo, y de los demás hechos violentos registrados en otras otras cárceles, una discusión banal y reduccionista desvanecida en redes sociales y medios hegemónicos. La indignación general frente a la vida de las personas privadas de la libertad pareció evaporarse entre las cientos de noticias dolorosas que a diario bombardean el país. Pero nada nuevo ocurrió esa noche, los males históricos que aquejan a la población privada de la libertad hacen parte de la manera misma en la que se ha estructurado el castigo penitenciario en Colombia: concibiendo los cuerpos de los jóvenes, hombres y mujeres pertenecientes a sectores marginalizados como cuerpos de última categoría, merecedores de todo tipo de inhumanidad.

Como elocuentemente me lo describió Claudia Cardona, lideresa de Corporación Mujeres Libres e integrante de Corporación Humanas: “Los problemas son los mismos que se vienen presentando desde hace muchos años, e incluso, mucho antes de que la corte haya decretado el Estado de Cosas Inconstitucional. La mala alimentación, la falta de atención en salud, el hacinamiento, la mala habitabilidad. Y con “habitabilidad” me refiero a infraestructura, baños dañados, duchas dañadas, falta de agua, la parte de socialización, todas esas cosas que son inconstitucionales. Lo que hizo el covid fue mostrarlo más. Con corporación humanas y Mujeres Libres comenzamos a hacerle un seguimiento a la Reclusión de Mujeres Bogotá. Recibimos muchísimas denuncias de alimentación. Las restricciones del COVID hicieron que permanecieran 24 horas en el patio entonces todo se hace más evidente para ellas, el pollo crudo, la papa podrida”. 

Si bien es cierto que todas estas problemáticas le eran naturales a la prisión desde hace décadas, nuevas dificultades emergieron para las mujeres. No solo se trató de estar aisladas al interior de las cárceles, sino que los espacios y las fronteras se redujeron para ellas de otras maneras. Los hijos e hijas de las mujeres en prisión fueron físicamente retirados de las instituciones a principios de marzo del 2020, al igual que las visitas y encomiendas de familiares que fueron también suspendidas hasta la fecha. Aquellos niños y niñas nacidas durante la pandemia fueron retirados de sus madres sin que ellas pudieran tener la oportunidad de amamantarlos en prisión y de pasar sus primeras semanas a su lado. Las mujeres privadas de la libertad fueron aisladas en patios y sus vidas cotidianas continuaron siendo reducidas: actividades cotidianas como la escolarización, recreación, deporte y el trabajo (que además de hacerles los días más llevaderos les permiten reducir las penas) fueron eliminadas. Así mismo se cancelaron las consultas de salud. Las mujeres en privación de la libertad dejaron de recibir visitas ginecológicas afectando así su salud reproductiva con una plena violación de sus derechos humanos. El contacto con el mundo de afuera, considerado como esencial para el éxito de la resocialización, se limitó a videollamadas de cinco minutos en los que las mujeres privadas de la libertad debían conversar con sus parejas bajo la vigilancia de la guardia, rompiendo con la posibilidad de tener intimidad y afecto con sus seres amados. 

Aunque el INPEC asegura que las videollamadas han sido garantizadas, de acuerdo a familiares y personas en privación de la libertad que denuncian a través de organizaciones como Corporación Mujeres Libres y Corporación Humanas, dicho derecho no ha sido satisfecho. Adicionalmente la falta de agua en muchas cárceles del país tampoco fue resuelta imposibilitando el acceso a condiciones de salubridad propias para la prevención del virus. La negligencia por parte de la guardia en el uso del tapabocas para ingresar a los patios, así como la mala gestión de los contagios, terminó haciendo de la prisión un lugar aún más inhóspito para las mujeres.

Pero la dimensión que ha tomado el punitivismo a lo largo de la pandemia no se reduce a la vida de las mujeres en prisión intramural. Las mujeres liberadas de prisión vivieron también la profundización de la pobreza y la exclusión al no poder participar en actividades de la economía informal a la que la mayoría pertenecen. Eso mismo sucedió con las familias de las mujeres y hombres en prisión, quienes así mismo, suelen vivir del día a día, y, al no poder satisfacer sus necesidades propias, tampoco pudieron satisfacer las de sus seres queridos en prisión. Y así podríamos continuar enumerando una serie de problemáticas que han hecho de la vida de las mujeres en privación de la libertad un escenario de reproducción de la miseria, de un castigo interminable que atenta contra la integridad de seres humanos. 

¿Cómo solidarizarnos?

Reconociendo la lucha anti punitiva como una lucha indispensable para un feminismo crítico, contrahegemónico y verdaderamente militante. Necesitamos tramitar las tensiones entre violencias de género, impunidad y prisión y necesitamos desarrollar la habilidad de ser dialécticas. Debemos superar los pánicos morales y sobreponernos a los marcos teóricos que han impregnado las luchas de las mujeres desde los discursos más dominantes y hegemónicos sobre justicia en casos de violencia de género. No solamente son las mujeres la población carcelaria, que crece de forma más acelerada a nivel mundial, sino que el giro hacia un modelo neoliberal y privatizador de las prisiones empieza a instalarse al tiempo que se reduce la presencia del Estado. 

Y aunque la profundización de las condiciones de precariedad y pobreza resultantes de la pandemia no nos afectan a todos y todas por igual, lo que sí ha generado esta coyuntura es un impacto sobre la comisión de delitos de subsistencia y la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Si antes aquellas personas al margen del sistema debían trabajar largas jornadas en actividades informales, hoy estas mismas personas hallan en el mundo “libre” nuevos obstáculos para sobrevivir. Las URIS del país se encuentran en grave situación de hacinamiento mientras las cárceles no se acercan a garantizar la dignidad humana y, mucho menos, la resocialización de las personas que apresa. Las feministas necesitamos incorporar a nuestra agenda el tema de la prisión como uno transversal y debemos avanzar hacia una noción crítica de la justicia. 

Como lo dice Claudia Cardona, una de las lideresas de la Corporación Mujeres Libres, muchas de las mujeres de la organización que ayudan cotidianamente a otras mujeres en necesidad, no tienen cómo cubrir sus gastos básicos, no tienen cómo subsistir ellas mismas. Por ello, y en concordancia con Federici, necesitamos garantizar a las mujeres espacios de militancia seguros. Las mujeres organizadas desde los sectores más difíciles de la sociedad necesitan de insumos para subsistir y, por ello, es importante estar atentas a múltiples formas de generar solidaridad y alianzas entre nosotras. Saber ser generosas, saber posicionarnos. Debemos hacer un llamado al reconocimiento de la humanidad del otro, a la acción y la autocrítica frente a nuestras formas de militancia feminista que, en ocasiones, excluyen y marginalizan temáticas que son esenciales para la lucha antipatriarcal, temas como el sueño posible de un mundo sin prisiones. Así lo dice Angela Davis: “la libertad es una lucha constante”. 

Y a propósito de la generosidad…

Las mujeres de Corporación Mujeres Libres, hacen parte de una organización de mujeres que estuvieron en prisión, o cuyos seres queridos han estado privados de la libertad, que se organiza para situar la abolición de la prisión en el debate público, buscando también la mejora en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, en particular, de las mujeres. 

Después de dos años de trabajo por las mujeres privadas de la libertad y mujeres liberadas de prisión, Mujeres Libres se consolidará como corporación gracias al apoyo también de Corporación Humanas. Entonces Mujeres Libres lanzará una campaña de recolección de productos para la salud menstrual de las mujeres en privación de la libertad y permanecerán recibiendo insumos para dar condiciones de subsistencia a las mujeres que están y han salido de prisión, a sus hijas y madres. 

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